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Aug 27, 2026
Spanien

El Gobierno regula la actividad de los 'lobbies' con sanciones de hasta 40.000 euros

El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 21/2026, que establece un marco legal para la transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, conocidos como 'lobbies'. Esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de agosto de 2026 y en vigor desde el 27 de agosto, busca regular las interacciones entre estos grupos y la Administración pública.

Registro obligatorio y principios de conducta

La nueva ley obliga a los grupos de interés a inscribirse en un registro estatal público y obligatorio. Además, se establecen principios de conducta que deben seguir, incluyendo la obligación de proporcionar información veraz y actualizada sobre sus actividades, integrantes y vínculos con la Administración. Los altos cargos y asesores gubernamentales también deberán declarar sus contactos con estos grupos en un plazo máximo de un mes.

Régimen sancionador

El decreto contempla un régimen sancionador que incluye multas de hasta 40.000 euros por infracciones graves, como ocultar la condición de grupo de interés o no mantener actualizada la información en el registro. Las infracciones muy graves pueden conllevar la cancelación de la inscripción en el registro y la prohibición de solicitar nuevas incorporaciones durante cinco años.

Incompatibilidades para ex altos cargos

Además, se establece una incompatibilidad de dos años para que ex altos cargos ejerzan actividades de influencia relacionadas con su anterior responsabilidad administrativa. Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar la integridad en la gestión pública.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha celebrado la aprobación de esta norma, considerándola un paso importante hacia la transparencia y la calidad democrática en España.

Con esta regulación, España se alinea con los estándares europeos en materia de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza en las instituciones y en la interacción entre el sector público y la sociedad civil.