Presidente Arévalo veta reformas al Código Penal sobre delitos sexuales entre adolescentes
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, vetóel Decreto 10-2026 que introducía reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Argumentóque las modificaciones presentan violaciones a la Constitución y afectarían la protección de los derechos de los adolescentes.
Detalles del veto presidencial
El Acuerdo Gubernativo 68-2026, publicado el 6 de mayo, oficializóesta decisión, destacando que las nuevas disposiciones adoptadas por el Congreso suprimirían elementos claves para la tipificación clara y segura de delitos sexuales entre adolescentes, generando un marco normativo ambiguo y contradictorio con los compromisos internacionales del país.
En su análisis, el Ejecutivo precisóque las reformas contenidas en el Decreto 10-2026 modifican los artículos 173 y 173 Bis del Código Penal, eliminando el requisito del uso de violencia o prevalimiento como condición para configurar los delitos de violación y agresión sexual entre adolescentes.
Riesgo de ambigüedad legal
Arévalo advirtióel riesgo de ambigüedad legal: “Al suprimir el uso de la violencia o prevalimiento como elemento del tipo penal para sancionar conductas entre adolescentes, el legislador crea un tipo penal ambiguo. Además, la ausencia de un elemento objetivo diferenciador entre el sujeto activo y pasivo, en el contexto de actos sexuales consensuados, impediría al juez competente determinar con certeza jurídica quién es el autor del delito y quién la presunta víctima”.
Protección de la sexualidad adolescente
El veto se fundamenta en el peligro de criminalizar la sexualidad consensuada entre adolescentes. El Ejecutivo destacóque criminalizar las conductas sexuales consensuadas y no violentas entre adolescentes sería una medida regresiva dentro del sistema de justicia juvenil, ignorando el equilibrio necesario entre la protección estatal y el respeto al desarrollo evolutivo de los menores.
Devolución al Congreso
El presidente Arévalo instruyóla devolución del Decreto 10-2026 al Congreso, junto con observaciones jurídicas que sustentan la inconstitucionalidad de las reformas. Según el Ejecutivo, mantener el esquema sancionatorio propuesto supondría adoptar una política contraria al progreso en materia de derechos de la niñez y adolescencia, violando estándares constitucionales y convencionales internacionales sobre protección de la juventud.