Honduras aprueba reforma contra violencia doméstica con 'muerte civil' para agresores
El Congreso Nacional de Honduras aprobópor unanimidad una reforma a la Ley Contra la Violencia Doméstica (Decreto 137-97), endureciendo drásticamente las sanciones contra los agresores de mujeres en el país.
Medidas implementadas
Las nuevas disposiciones buscan asfixiar civil, económica y laboralmente a los violentadores mediante el uso de tecnología de geolocalización, despidos justificados en el sector público, la suspensión de licencias de conducir y el desarme de por vida de quienes reciban una sentencia firme.
Detalles de la reforma
La reforma introduce penalizaciones administrativas severas en el nuevo Artículo 20-D, orientadas a romper el esquema de impunidad y aplicar consecuencias drásticas en el ejercicio de la función pública y civil del infractor:
- Despido inmediato del sector público: La reforma determina que la violencia doméstica es incompatible con los principioséticos del Estado. Tener una sentencia firme será causa de despido justificado para cualquier servidor público. Además, se prohíbe taxativamente su contratación, nombramiento o permanencia en cargos estatales por un periodo de 5 años posteriores a la condena.
- Bloqueo de licencias de conducir: Se prohíbe por completo la emisión o renovación de la licencia de conducir a las personas condenadas mediante sentencia firme, por un plazo estricto de 2 años.
- Inhabilitación permanente de armas: Toda persona condenada quedará inhabilitada de forma permanente y vitalicia para adquirir, comprar, poseer, registrar o portar armas de fuego y municiones en el territorio nacional, obligando a las autoridades a cancelar definitivamente cualquier permiso vigente.
Monitoreo electrónico y registro de agresores
Para asegurar el cumplimiento de lasórdenes de alejamiento, se implementará el Sistema Nacional de Protección Electrónica, que incluye el uso de brazaletes o tobilleras con geolocalización las 24 horas del día. Este sistema emitirá alertas automáticas conectadas directamente con la Policía Nacional en casos de alto riesgo o reincidencia.
Además, se creará el Registro de Agresores Contra la Mujer, una plataforma física y digital controlada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En ella se fichará a los condenados y a quienes tengan medidas cautelares activas. Instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Secretaría de la Mujer (Semujer) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) tendrán acceso interconectado para vigilar el historial de los agresores. La ley exige que estas sentencias aparezcan de forma obligatoria en la Hoja de Antecedentes Penales.
